El procedimiento administrativo.

¿Qué es el procedimiento administrativo común?

El procedimiento administrativo se encuentra regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.

El procedimiento administrativo común es el camino que tiene que recorrer la decisión de una administración pública para llegar a convertirse en acto o resolución administrativa.

En palabras del profesor Fabeiro Mosquera: se trata de una serie cronológica de actuaciones pre-establecidas por el ordenamiento jurídico dirigidas a producir un resultado.

¿Qué significa esto?

Que cuando una administración pública quiere tomar una decisión tiene la obligación de cumplir una serie de trámites pre-establecidos en el orden adecuado hasta llegar, si nada se lo impide, a la decisión final llamada resolución administrativa.

Digamos que el órgano administrativo va empujando su decisión, cual escarabajo pelotero con su bolita de barro, a través de diferentes diferentes valles y colinas hasta la meta final donde esa decisión se convertirá en resolución administrativa.

Importancia del procedimiento administrativo común

Generalmente la gente piensa que los procedimientos administrativos son un c*****, por decirlo finamente, una lata en el mejor de los casos.

Pero se equivocan: los procedimientos administrativos son nuestros amigos.

¿Y por qué?

Pues por tres razones principalmente:

1.- Garantizan los derechos de la ciudadanía

2.- Dan seguridad jurídica

3.- Son un cauce para la participación de la gente en las administraciones públicas

En primer lugar, decimos que el procedimiento administrativo garantiza los derechos de la ciudadanía porque ninguna administración pública puede hacer lo que le de la gana y tomar las decisiones por sus santos cojines.

No.

La ley establece de ante mano qué decisiones puede tomar cada Administración (ya sea la Administración central, las comunidades autónomas o los ayuntamientos por ejemplo) y cómo la tiene que tomar.

Otro tema importante es el de la seguridad jurídica.

¿Qué es la seguridad jurídica y porqué es importante?

La seguridad jurídica es un principio del derecho que, entre otras cosas, exige que las personas puedan prever con antelación las consecuencias de realizar o no realizar una determinada conducta y que sepan también cómo interpretan los tribunales las normas vigentes.

Si hay una norma que dice que no se puede salir a la calle vestido únicamente con una pamela y si, efectivamente, cada vez que sales a la calle en pelota picada te ponen la multa que corresponda, eso te da seguridad jurídica. Puedes imaginarte de ante mano las consecuencias de practicar el nudismo urbano.

Pero si no hay una norma clara o si cuando sales a la calle como tu madre te trajo al mundo a veces te multan y a veces no, pues eso te da inseguridad jurídica. No puedes prever lo que va a pasar.

Llegados a este punto espero haberte convencido de que los procedimientos administrativos molan y que la próxima vez que te topes con uno de ellos no le pongas mala cara.

Tipos de procedimientos administrativos

Procedimientos administrativos hay muchos y muy distintos. Los hay declarativos y constitutivos, simples y complejos, ejecutivos y sancionadores, expropiatorios y autorizativos.

La Ley 39/2015 regula el procedimiento común pero también existen procedimientos especiales e incluso algunos procedimientos que quedan fuera de las normas de la Ley 39/2015 por las materias de que se tratan. Por ejemplo:

– extranjería y derecho de asilo

– seguridad vial

– tributos y aduanas

– procedimientos de Seguridad Social y desempleo

Fases del procedimiento administrativo: de oca en oca y tiro porque me toca.

Imagen: Pixabay

Fase 1: iniciación del procedimiento administrativo.

El punto de partida es lo que se llama acuerdo de iniciación. Se trata de un documento en el que la Administración dice que va a iniciar el procedimiento.

El acuerdo de iniciación puede incluir medidas provisionales. El objetivo de las medidas provisionales es garantizar que la decisión que se tome en el procedimiento pueda hacerse efectiva.

Estas son algunas de las medidas provisionales que pueden adoptarse en el acuerdo de iniciación: suspensión de actividades, fianzas, intervención de bienes o ingresos, embargos preventivos, depósitos o retención de ingresos.

A veces se realizan actuaciones previas con el objetivo de determinar si es buena idea iniciar un procedimiento.

Los procedimientos los puede iniciar la propia Administración o iniciarse por petición de la persona interesada. Los interesados son aquellas personas que tienen derechos o intereses legítimos individuales o colectivos que pueden resultar afectados por el procedimiento.

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

2. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.

3. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.

Si lo inicia la Administración decimos que se ha iniciado de oficio y si se inician a petición de la interesada decimos que se han iniciado a instancia de parte.

La Administración puede iniciar un procedimiento de oficio por diversos motivos: por iniciativa propia, como consecuencia de orden superior, por petición razonada de otros órganos o por denuncia.

Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por
propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros
órganos o por denuncia.

Se entiende por propia iniciativa, la actuación derivada del conocimiento directo o
indirecto de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano
que tiene atribuida la competencia de iniciación

1. Se entiende por orden superior, la emitida por un órgano administrativo superior
jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.

2. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden expresará, en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

1. Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento
formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el
mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección,
averiguación o investigación.

2. La petición no vincula al órgano competente para iniciar el procedimiento, si bien deberá comunicar al órgano que la hubiera formulado los motivos por los que, en su caso, no procede la iniciación.

3. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, las peticiones deberán especificar,
en la medida de lo posible, la persona o personas presuntamente responsables; las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación; así como el lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.

4. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar
la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el
funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el momento
en que la lesión efectivamente se produjo.

1. Se entiende por denuncia, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no
de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de
un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento
administrativo.

2. Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona o personas que las
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, recogerán la fecha
de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los presuntos responsables.

3. Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones
Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los
denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimiento.

4. Cuando el denunciante haya participado en la comisión de una infracción de esta
naturaleza y existan otros infractores, el órgano competente para resolver el procedimiento
deberá eximir al denunciante del pago de la multa que le correspondería u otro tipo de
sanción de carácter no pecuniario, cuando sea el primero en aportar elementos de prueba
que permitan iniciar el procedimiento o comprobar la infracción, siempre y cuando en el
momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para ordenar la
misma y se repare el perjuicio causado.

Asimismo, el órgano competente para resolver deberá reducir el importe del pago de la multa que le correspondería o, en su caso, la sanción de carácter no pecuniario, cuando no cumpliéndose alguna de las condiciones anteriores, el denunciante facilite elementos de prueba que aporten un valor añadido significativo respecto de aquellos de los que se disponga.

En ambos casos será necesario que el denunciante cese en la participación de la infracción y no haya destruido elementos de prueba relacionados con el objeto de la denuncia.

5. La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

¿Un ejemplo de un procedimiento que se inicia a instancia de parte? Pues por ejemplo si solicitas una valoración del grado de discapacidad o el expediente matrimonial o cambiar el orden de los apellidos de tus hijos.

Fase 2: instrucción del procedimiento.

Durante esta fase deben reunirse todos aquellos elementos de hecho que permitan al órgano que tiene que decidir formarse una opinión sobre la cual resolver aplicando las normas jurídicas. Es en esta fase cuando se investiga el objeto del procedimiento.

En esta fase se hacen cosas para conocer y comprobar los hechos. Y los interesados tienen derecho a presentar alegaciones. El interesado tiene el derecho de presentar alegaciones antes de la audiencia.

Se pueden solicitar informes y se practican pruebas si es necesario. Los interesados tienen derecho a participar en el procedimiento a través del trámite de audiencia, que es obligatorio.

Fase 3: finalización del procedimiento.

Los procedimientos administrativos pueden terminar de muchas maneras.

Lo habitual es que la administración emita una resolución que ponga punto y final, pero los procedimientos pueden terminar de muchas otras maneras: desde la caducidad del procedimiento hasta el desistimiento, pasando por la terminación convencional o la renuncia.

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