La curatela de las personas con discapacidad.

El pasado mes de junio se publicó en el BOE, aleluya, la muy esperada Ley 8/2021, de 2 de junio. Esta ley ha puesto fin a las incapacitaciones judiciales y las ha sustituido por un sistema de apoyos individualizados. En este artículo puedes leer un análisis detallado de esta reforma tan importante.

Entre otras cosas esta ley ha reformado en profundidad de la institución de la curatela.

Debido esta regulación tan exhaustiva que se ha hecho y la importancia que adquiere esta institución en el nuevo sistema, hemos decidido dedicarle un artículo monográfico a ella solita.

Aviso: para facilitar la lectura del texto, voy a utilizar indistintamente el masculino y el femenino para referirme a ambos sexos.

En la nueva regulación la curatela pasa a convertirse en la principal medida de apoyo de origen judicial para las personas con discapacidad. Decimos de origen judicial porque es una medida que establece el Juez.

Qué es la curatela: definición y características.

La curatela es una institución de Derecho civil que busca la protección del patrimonio de las personas sin plena capacidad de obrar, cuya capacidad complementa.

La Exposición de motivos de la Ley 8/2021 dice que el propio significado de la palabra curatela –cuidado–, ya nos da una pista de la finalidad de la institución: asistencia, apoyo, ayuda en el ejercicio de la capacidad jurídica.

El art. 250 CC nos da la siguiente definición:

<<La curatela es una medida formal de apoyo que se aplicará a quienes precisen el apoyo de modo continuado. Su extensión vendrá determinada en la correspondiente resolución judicial en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo>>.

Como ves el curador no es representante legal de la persona incapacitada.

Su misión es asistir a la persona declarada incapaz y complementar su capacidad. Es decir, ayuda a la persona a realizar determinados actos jurídicos que la persona no puede realizar por sí misma.

Por tanto, la curatela tienen una naturaleza asistencial primordialmente. Se busca, en lo posible, evitar las actuaciones de naturaleza representativa.

No obstante, en los casos en los que sea preciso, y de manera excepcional, se puede atribuir al curador funciones representativas.

Cómo se constituye la curatela

La autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada cuando no exista otra medida de apoyo suficiente para la persona con discapacidad.

La autoridad judicial determinará los actos para los que la persona requiere asistencia del curador en el ejercicio de su capacidad jurídica atendiendo a sus concretas necesidades de apoyo.

Sólo en los casos excepcionales en los que resulte imprescindible por las circunstancias de la persona con discapacidad, la autoridad judicial determinará en resolución motivada los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad.

Los actos en los que el curador deba prestar el apoyo deberán fijarse de manera precisa, indicando, en su caso, cuáles son aquellos donde debe ejercer la representación. El curador actuará bajo los criterios fijados en el artículo 249.

En ningún caso podrá incluir la resolución judicial la mera privación de derechos.

La curatela es una medida de apoyo que obligatoriamente debe establecerse mediante resolución judicial. Es decir, que la curatela la decreta el juez.

¿En qué casos? Cuando no haya otra media de apoyo mejor ni más adecuada para la persona con discapacidad.

Alcance de la curatela

En la misma resolución en la que constituye la curatela, el juez deberá indicar cuáles son los actos para los que la persona con discapacidad requiere asistencia de su curador.

Es decir, la persona con discapacidad no necesitará asistencia de su curador para hacer absolutamente todo; únicamente aquellas cosas que diga el juez.

¿Cómo decide el juez qué actos son esos? Teniendo en cuenta las concretas necesidades de apoyo de la persona. No todas las personas necesitan los mismos apoyos ni de la misma manera.

Nombramiento del curador

1. Podrán ser curadores las personas mayores de edad que, a juicio de la autoridad judicial, sean aptas para el adecuado desempeño de su función.

Asimismo, podrán ser curadores las fundaciones y demás personas jurídicas sin ánimo de lucro, públicas o privadas, entre cuyos fines figure la promoción de la autonomía y asistencia a las personas con discapacidad.

2. No podrán ser curadores:

1.º Quienes hayan sido excluidos por la persona que precise apoyo.

2.º Quienes por resolución judicial estuvieran privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad o, total o parcialmente, de los derechos de guarda y protección.

3.º Quienes hubieren sido legalmente removidos de una tutela, curatela o guarda anterior.

3. La autoridad judicial no podrá nombrar curador, salvo circunstancias excepcionales debidamente motivadas, a las personas siguientes:

1.º A quien haya sido condenado por cualquier delito que haga suponer fundadamente que no desempeñará bien la curatela.

2.º A quien tenga conflicto de intereses con la persona que precise apoyo.

3.º Al administrador que hubiese sido sustituido en sus facultades de administración durante la tramitación del procedimiento concursal.

4.º A quien le sea imputable la declaración como culpable de un concurso, salvo que la curatela lo sea solamente de la persona.

Las normas sobre quién puede y quién no puede ser curador están recogidas en el art. 275 C.C.

Puede ser curador:

En general, pueden desempeñar el cargo de curadora a) las personas mayores de 18 años y b) las fundaciones o personas jurídicas sin ánimo de lucro que se dediquen a la asistencia a las personas con discapacidad.

No puede ser curador:

– Quien no quiera la persona con discapacidad.

– Las personas a las que un juez o jueza les haya quitado antes de una tutela, una curatela o una guarda.

– Las personas que hayan sido tutores, curadores o guardas y hayan dejado de serlo por decisión de un juez o jueza.

Salvo alguna circunstancia muy excepcional, la autoridad judicial no puede nombrar curador a las personas que:

– Hayan cometido un delito y se crea que no pueden ser buenos curadores.

– Tengan un conflicto de intereses con la persona con discapacidad.

– Les hayan quitado de administrar una empresa por no pagar sus deudas.

– Sean culpables de llevar una empresa a la quiebra. Excepción: que la curatela sea sólo de la persona y no de sus bienes.

La jueza nombrará curadora:

– a la persona que elija la persona con discapacidad

o

– a la persona que decida la persona en la que haya delegado la persona con discapacidad.

¿Y si la persona con discapacidad no elige a nadie? En ese caso el juez puede nombrar curador a:

-El esposo o esposa de la persona con discapacidad cuando vivan juntos

-Hijos e hijas

-Su padre o madre

-La persona que decida el esposo, la esposa, o los progenitores en documento público.

-La persona que actúa como guardador de hecho.

-Hermano o hermana, familiar o amigo cuando viva con la persona con discapacidad.

-Persona jurídica.

-La jueza puede cambiar el orden si cree que existe una persona mejor.

¿Puede haber varios curadores?

Sí. Se puede proponer el nombramiento de más de un curador si la voluntad y necesidades de la persona que precisa el apoyo lo justifican.

En particular, podrán separarse como cargos distintos los de curador de la persona y curador de los bienes. El juez o jueza decide el tipo de curador respetando la voluntad de la persona con discapacidad.

Cuando la curatela sea confiada a varias personas, la autoridad judicial establecerá el modo de funcionamiento, respetando la voluntad de la persona que precisa el apoyo.

Casos en los que una persona puede ser <<despedida>> de ser curador.

Una vez que una persona es nombrada curadora puede ser removida de la curatela en determinadas situaciones:

– cuando el curador incurra en una causa legal de inhabilidad

– cuando la curadora se conduzca mal en su desempeño ya sea por incumplimiento de los deberes propios del cargo o por notoria ineptitud de su ejercicio.

– si surgen problemas de convivencia graves y continuados entre el curador y la persona a la que presta apoyo.

¿Cómo se <<despide>> a una personas de ser curador?

La autoridad judicial será quien decida la remoción del curador mediante expediente de jurisdicción voluntaria.

¿Quién puede pedir al Juez el cese del curador? La persona en cuyo favor se estableció el apoyo o el Ministerio Fiscal.

Durante la tramitación del expediente de remoción la autoridad judicial podrá suspender al curador en sus funciones y nombrar un defensor judicial si lo considera necesario.

Una vez que se ha declarado judicialmente la remoción del curador antiguo, se procederá al nombramiento de nuevo curador en la forma establecida en este Código. Excepción: que se vea que es mejor otra medida de apoyo distinta.

Mientras se gestiona quitar a ese curador o curadora, la autoridad judicial también puede suspender sus funciones y nombrar a un defensor judicial para que dé los apoyos a la persona con discapacidad. Cuando se ha cancelado la curatela, el juez o jueza nombra a un nuevo curador o una medida diferente de apoyo.

Casos en que un curador o curadora puede renunciar y dejar de serlo.

Una persona podrá ser excusada del desempeño de la curatela si se da alguna de las siguientes circunstancias:

– si le resulta excesivamente gravoso o

– si entraña una grave dificultad para la persona nombrada para el ejercicio del cargo.

– cuando durante el desempeño de la curatela aparezca un motivo de excusa.

En el caso de las personas jurídicas podrán excusarse de ejercer la curatela por dos motivos:

– cuando carezcan de medios suficientes para el adecuado desempeño de la curatela o

– cuando las condiciones de ejercicio de la curatela no sean acordes con sus fines estatutarios.

No concurrirá causa de excusa cuando el desempeño de los apoyos haya sido encomendado a entidad pública.

Plazo que hay para dejar de ser curador o curadora.

El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de quince días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento.

Si la causa fuera sobrevenida podrá hacerlo en cualquier momento.

Mientras la autoridad judicial resuelve acerca de la excusa, el nombrado sigue estando obligado a ejercer su función.

Si no lo hiciera y fuera necesaria una actuación de apoyo, se procederá a nombrar un defensor judicial que sustituya al curador, quedando el sustituido responsable de los gastos ocasionados por la excusa, si esta fuera rechazada.

En ningún caso, la admisión de causa de excusa o la decisión de remoción de las personas físicas o jurídicas designadas para el desempeño de los apoyos podrá generar desprotección o indefensión a la persona que precisa dichos apoyos, debiendo la autoridad judicial actuar de oficio, mediante la colaboración necesaria de los llamados a ello, o bien, de no poder contar con estos, con la inexcusable colaboración de los organismos o entidades públicas competentes y del Ministerio Fiscal.

Admitida la excusa, se procederá al nombramiento de nuevo curador.

Si el curador ha sido nombrado por testamento y renuncia a ser curador, pierde lo que en consideración al nombramiento le hubiere dejado el testador.

Derechos del curador

El curador o curadora tiene derecho a:

– una retribución, cuando el patrimonio de la persona con discapacidad lo permita

– al reembolso de los gastos cuando los justifique

– a la indemnización de los daños sufridos sin culpa por su parte en el ejercicio de su función de curadora. Esas cantidades serán satisfechas con cargo a dicho patrimonio.

Corresponde a la autoridad judicial fijar el importe y el modo de percibir las cantidades que correspondan, para lo cual tendrá en cuenta el trabajo a realizar y el valor y la rentabilidad de los bienes.

Ejercicio de la curatela

El curador tomará posesión de su cargo ante el letrado de la Administración de Justicia.

Una vez en el ejercicio de la curatela, estará obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar apoyo y a desempeñar las funciones encomendadas con la diligencia debida.

El curador asistirá a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica respetando su voluntad, deseos y preferencias.

El curador procurará que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones.

El curador procurará fomentar las aptitudes de la persona a la que preste apoyo, de modo que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro.

El letrado de la Administración de Justicia nombrará un defensor judicial cuando:

– quien desempeñe la curatela esté impedido de modo transitorio para actuar en un caso concreto o

– cuando exista un conflicto de intereses ocasional entre él y la persona a quien preste apoyo.

Para este nombramiento se oirá a la persona que precise el apoyo y se respetará su voluntad, deseos y preferencias.

Si fueran varios los curadores con funciones homogéneas, estas serán asumidas por quien de entre ellos no esté afectado por el impedimento o el conflicto de intereses.

Si el conflicto de intereses o la situación de impedimento dura mucho tiempo, la autoridad judicial puede nombrar de oficio a un nuevo curador o reorganizar la curatela. Para ello será necesaria la audiencia previa de la persona con discapacidad.

Estas medidas de nombrar a una nueva curadora o reorganizar la curatela también las puede solicitar:

– el Ministerio Fiscal o

– cualquier persona legitimada para solicitar el procedimiento de provisión de apoyos o

– el propio curador o curadora (o cualquiera de ellos si son varios).

Cuando existan circunstancias especiales el juez o jueza puede pedir al curador una fianza para asegurar que cumple sus funciones. La autoridad judicial determinará la modalidad y la cuantía de la fianza. Una vez constituida, la fianza será objeto de aprobación judicial.

La autoridad judicial podrá modificar o dejar sin efecto en cualquier momento la garantía que se hubiese prestado.

El curador con facultades representativas estará obligado a hacer inventario del patrimonio de la persona en cuyo favor se ha establecido el apoyo dentro del plazo de sesenta días, a contar desde aquel en que hubiese tomado posesión de su cargo.

El inventario se formará ante el letrado de la Administración de Justicia, con citación de las personas que estime conveniente.

El letrado de la Administración de Justicia podrá prorrogar el plazo previsto en el párrafo primero si concurriere causa para ello.

El dinero, alhajas, objetos preciosos y valores mobiliarios o documentos que, a juicio del letrado de la Administración de Justicia, no deban quedar en poder del curador serán depositados en un establecimiento destinado a este efecto.

Los gastos que las anteriores medidas ocasionen correrán a cargo de los bienes de la persona en cuyo apoyo se haya establecido la curatela.

En el caso de que el curador no incluya en el inventario los créditos que tenga contra la persona a la que presta apoyo, se entenderá que renuncia a ellos.

Si la persona apoyada tiene deudas con el curador o curadora y no lo incluye en el inventario,el curador o curadora no cobra las deudas porque se entiende que ha renunciado.

Actos para los que el curador necesita autorización judicial

El curador necesita un permiso del juez o jueza para los siguientes actos además de los que diga la resolución:

– Para actos personales o familiares importantes cuando la persona afectada no pueda hacerlo por sí misma. Pero en algunos casos, como en materia de internamiento o consentimiento informado en el ámbito de la salud u otras leyes especiales, se hará lo que digan esas leyes.

– Para vender, donar o ceder bienes inmuebles, objetos de extraordinario valor, alquilar pisos por más de 6 años, etcétera.

Excepción: La venta del derecho de suscripción preferente de acciones.

– Para regalar bienes o derechos de la persona con discapacidad, salvo los que tengan escasa relevancia económica y carezcan de especial significado personal o familiar.

– Para renunciar a derechos, transigir o someter a arbitraje cuestiones que afecten a los intereses de la persona con discapacidad, salvo que sean de escasa relevancia económica.

Excepción: No se precisará la autorización judicial para el arbitraje de consumo.

– Para aceptar o rechazar una herencia sin beneficio de inventario una herencia o rechazar regalos.

– Hacer gastos extraordinarios en los bienes de la persona a la que presta apoyo.

– Interponer demanda en nombre de la persona a la que presta apoyo, salvo en los asuntos urgentes o de escasa cuantía.

No será precisa la autorización judicial cuando la persona con discapacidad inste la revisión de la resolución judicial en que previamente se le hubiesen determinado los apoyos.

– Dar y tomar dinero a préstamo y prestar aval o fianza.

– Celebrar contratos de seguro de vida, renta vitalicia y otros análogos, cuando estos requieran de inversiones o aportaciones de cuantía extraordinaria.

El juez puede autorizar a la curadora la realización de una pluralidad de actos, especificando las circunstancias y características fundamentales de dichos actos (de la mismas naturaleza o referidos a la misma actividad económica), cuando lo considere adecuado para garantizar la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad.

Por ejemplo, para alquilar una casa habrá que llevar a cabo varias gestiones tales como: firmar un contrato, pedir información en el banco, ingresar una fianza, etcétera, en estos casos vale con una sola autorización judicial, porque todo tiene que ver con el alquiler de la casa.

No necesitarán autorización judicial la partición de herencia o la división de cosa común realizada por el curador representativo, pero una vez practicadas requerirán aprobación judicial. Si hubiese sido nombrado un defensor judicial para la partición deberá obtener también la aprobación judicial, salvo que se hubiera dispuesto otra cosa al hacer el nombramiento.

El curador que represente a la persona con discapacidad porque un juez o jueza lo ha decidido, puede hacer las operaciones de la herencia o la división de cosa común de la persona con discapacidad a la que apoya sin tener que pedir permiso del juez o jueza.Una vez realizados los actos, sí necesita aprobación por el juez o jueza.

Antes de autorizar o aprobar cualquiera de los actos comprendidos en los artículos anteriores, la autoridad judicial oirá al Ministerio Fiscal y a la persona con medidas de apoyo y recabará los informes que le sean solicitados o estime pertinentes.

Para aprobar esos actos, el juez o jueza tiene que escuchar al Ministerio Fiscal y a la persona con discapacidad, antes de tomar alguna decisión.

Medidas de control de la curatela

La autoridad judicial establecerá en la resolución que constituya la curatela o en otra posterior las medidas de control que estime oportunas para garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona que precisa el apoyo, así como para evitar los abusos, los conflictos de intereses y la influencia indebida. También podrá exigir en cualquier momento al curador que, en el ámbito de sus funciones, informe sobre la situación personal o patrimonial de aquella.

Sin perjuicio de las revisiones periódicas de estas resoluciones, el Ministerio Fiscal podrá recabar en cualquier momento la información que considere necesaria a fin de garantizar el buen funcionamiento de la curatela.

El juez establecerá las medidas de control de la curatela que estime oportunas. ¿Dónde? En la propia resolución en la que constituya la curatela o en otra posterior. ¿Con qué fin? Garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona necesitada de apoyo. También para evitar abusos, conflictos de intereses e influencia indebida.

Además, el juez puede exigir en cualquier momento al curador que informe sobre la situación personal o patrimonial de la persona que precisa la curatela.

El Ministerio Fiscal también puede recabar en cualquier momento la información que considere necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la curatela.

Extinción de la curatela

La curatela se extingue de pleno derecho por la muerte o declaración de fallecimiento de la persona con medidas de apoyo.

Asimismo, la curatela se extingue por resolución judicial cuando ya no sea precisa esta medida de apoyo o cuando se adopte una forma de apoyo más adecuada para la persona sometida a curatela.

La curatela termina cuando la persona con discapacidad muere, cuando no necesita más el apoyo o cuando cambie la forma de apoyo.

El curador, sin perjuicio de la obligación de rendición periódica de cuentas que en su caso le haya impuesto la autoridad judicial, al cesar en sus funciones deberá rendir ante ella la cuenta general justificada de su administración en el plazo de tres meses, prorrogables por el tiempo que fuere necesario si concurre justa causa.

La acción para exigir la rendición de esta cuenta prescribe a los cinco años, contados desde la terminación del plazo establecido para efectuarla.

Antes de resolver sobre la aprobación de la cuenta, la autoridad judicial oirá también en su caso al nuevo curador, a la persona a la que se prestó apoyo, o a sus herederos.

La aprobación judicial de las cuentas no impedirá el ejercicio de las acciones que recíprocamente puedan asistir al curador y a la persona con discapacidad que recibe el apoyo o a sus causahabientes por razón de la curatela.

El curador debe rendir cuentas de manera periódica. Cuando deje de ser curador tiene que rendir cuentas en un tiempo máximo de 3 meses. Este tiempo puede ser más, incluso de hasta 5 años, si existe una causa justificada.El juez o jueza tiene que escuchar al nuevo curador al rendir cuentas, también a la persona apoyada y a sus herederos, si los tiene.

Los gastos necesarios de la rendición de cuentas serán a cargo del patrimonio de la persona a la que se prestó apoyo.

El saldo de la cuenta general devengará el interés legal, a favor o en contra del curador. Si el saldo es a favor del curador, el interés legal se devengará desde el requerimiento para el pago, previa restitución de los bienes a su titular. Si es en contra del curador, devengará el interés legal una vez transcurridos los tres meses siguientes a la aprobación de la cuenta.

La persona con discapacidad se encarga de pagar los gastos ocasionados por la rendición de cuentas.

El curador responderá de los daños que hubiese causado por su culpa o negligencia a la persona a la que preste apoyo.

La acción para reclamar esta responsabilidad prescribe a los tres años contados desde la rendición final de cuentas.

El curadores responsable de los daños que ocasione a la persona con discapacidad a la que presta apoyo. El tiempo para reclamar esta responsabilidad es de 3 años a partir de la fecha en la que termina la curatela.

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