Artículo 65 Ley 39/2015. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial

¿Qué dice el artículo 65 Ley 39/2015?

<<1. Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado al que se refiere el artículo 67.

2. El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo. El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.>>

Art. 65 LPAC

Encuadre del artículo 65 Ley 39/2015

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • TÍTULO IV. De las disposiciones sobre el procedimiento administrativo común
    • CAPÍTULO II. Iniciación del procedimiento
      • Sección 2.ª Iniciación del procedimiento de oficio por la administración
        • Artículo 58. Iniciación de oficio.
        • Artículo 59. Inicio del procedimiento a propia iniciativa.
        • Artículo 60. Inicio del procedimiento como consecuencia de orden superior.
        • Artículo 61. Inicio del procedimiento por petición razonada de otros órganos.
        • Artículo 62. Inicio del procedimiento por denuncia.
        • Artículo 63. Especialidades en el inicio de los procedimientos de naturaleza sancionadora.
        • Artículo 64. Acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora.
        • Artículo 65. Especialidades en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial.

Tanto si estás opositando como si eres estudiante de Derecho o profesional del ámbito jurídico, esperamos que te haya sido útil este post sobre el artículo 65 Ley 39/2015. Advertimos de que la única normativa oficial se encuentra publicada en el BOE o Boletín Oficial correspondiente, siendo esta la única legalmente válida. Declinamos cualquier responsabilidad por daños que puedan causarse debido a inexactitudes e incorrecciones en este contenido, el cual es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.